Dice el borrador del Proyecto de Ley Valenciana Universitaria 1/2012, de Responsabilidad Política, en su capítulo 3. De la moción de censura popular, que “se establece la Moción de Censura Popular, en el marco de la Iniciativa Popular, reconocida en el artículo 87.3 de la Constitución Española”. Y añade que “para admitir la Iniciativa Popular, se deberá recabar al menos las dos quintas partes del Censo Electoral”, iniciativa que se votará en el Pleno de Les Corts y que, de ser rechazada “será el pueblo mediante referéndum quien dirima”.
No se trata de una ley orgánica. Ni si quiera se trata de un Proyecto de Ley que haya sido planteado en Les Corts ni ningún otro parlamento español. Se trata de una iniciativa ciudadana, en el marco del Parlament Universitari, una muy interesante iniciativa en la que participan las siete universidades de la Comunitat Valenciana y que hoy he tenido oportunidad de conocer en la ronda de contacto con los partidos políticos que los jóvenes de Parlament UPV están estableciendo. Son ellos precisamente, el “Grupo Parlamentario” que representa a la Universidad Politécnica de Valencia y que ha alcanzado en 2012 la posibilidad de “formar gobierno” y sacar adelante su propuesta sobre responsabilidad política.
Resulta un inmenso placer volver a la UPV, que ha sido mi casa durante tantos años (demasiados), y encontrarme con este grupo de jóvenes con las ideas tan claras y con propuestas políticas diseñadas para mejorar la vida del ciudadano y potenciar la regeneración democrática y la participación.
Pero entremos en materia. Hablemos de política. Analicemos la propuesta.
¿Sería viable en un estado democrático moderno como el nuestro una figura tan controvertida como la que proponen estos estudiantes? ¿Aceptarían los partidos políticos mayoritarios una cláusula como esta que les sometería a una evaluación continua? ¿Sería buena para la democracia esa presión o convertiría, sin embargo, la política en una aun más acalorada y continua campaña electoral que se centrara en hacer lo que los ciudadanos quieren oír?
Realmente no tengo respuestas para estas preguntas. Bueno, para algunas sí. Es obvio que los dos partidos mayoritarios (y también los partidos pequeños que gobiernan en sus respectivas autonomías) se negarían en redondo a ceder tanto terreno ante la ciudadanía.
¿La Soberanía Popular en manos de los ciudadanos? ¿Pero qué es esto?
Sí, los ciudadanos tenemos ese poder cada cuatro años mediante unas elecciones (claramente mejorables). Pero, ¿qué pasa si una vez elegidos a nuestros representantes, Gobierno y oposición se ponen de acuerdo en cambiar su discurso y conducir al país hacia donde ellos estiman que deben hacerlo aunque sea contrario al “contrato programático” con el que llegaron a sus escaños?
Ejemplos como el de Grecia están todavía en nuestras retinas, donde observamos que partidos de distintos colores han cambiado la melodía de su discurso, cuando han llegado al Gobierno, al son que marcaba la Unión Europea y el Banco Mundial. La reacción del ciudadano, en ausencia de esta controvertida figura de la Moción de Censura Popular no ha sido otra que la moción de censura en las calles, los disturbios, los asaltos al parlamento… y la consecuente puesta en peligro del sistema democrático en su sentido más estricto.
La propuesta debatida en Parlament Universitari tiene varios matices que la transforman en una clara cláusula final para usar únicamente en caso de emergencia nacional, y que evitarían que unos partidos u otros pudieran instrumentalizarla para tumbar un gobierno desgastado por la toma de decisiones controvertidas, como podría ser el caso actual de España o de la Comunitat Valenciana.
Me sumo al análisis que hacía Rafa Soriano acerca de la propuesta en cuanto a que surge de la total desconfianza de la ciudadanía en la clase política en su conjunto. Tan poco nos representan nuestros representantes que queremos poner cláusulas de rescisión del contrato democrático que establecemos con ellos. El ciudadano se siente huérfano y desconfía de unos partidos y otros, que se alternan en el poder sin tener un guión claro, sin tener un discurso convincente e ilusionante que les muestre una perspectiva de tranquilidad y les transmita responsabilidad y confianza.
No sé si la Comunitat Valenciana, o España, o Europa, necesitan una cláusula de este tipo, pero de lo que no me cabe duda es de que el ciudadano medio está comprendiendo y pidiendo a gritos que la clase política debe dejar de ser una clase aparte. El ciudadano les exige, nos exige, que bajemos a la tierra y miremos a nuestro alrededor, que revisemos nuestros ideales (a aquellos que los hayan tenido alguna vez) y nos autoanalicemos.
Yo, modestamente, trataré de escuchar estas propuestas y estas iniciativas, e invito a quien pueda estar interesado, a seguir la evolución del trabajo de estos jóvenes en su web y su Twitter (parlamentUPV.webnode.es y @parlamentUPV), cuyo borrador será enmendado el próximo día 27 de abril con las propuestas de los demás “grupos parlamentarios” del resto de universidades de la Comunitat.
David Junquera Hernández
17/02/2012
